El proyecto estrella sobre Política Lingüística que el Consejero de CDN Carlos Pérez-Nievas presentó días después de tomar posesión de la cartera de Educación va camino de convertirse en el agujero negro de las expectativas de la ciudadanía navarra sobre el euskera.

 

Ya va para tres meses el anuncio de la creación del Instituto Navarro del Vascuence que el Consejero Péres-Nievas anunció con bombo y platillo como el nuevo organismo desde el que se aplicará la política lingüística del Gobierno Foral. Ya va para tres meses y todavía no se ha nombrado la persona directora-gerente del organismo. El Consejero declaró en su día que elegiría para el cargo una persona euskaldun y del mundo del euskera, pero a día de hoy no ha encontrado a nadie dispuesto a detentar el cargo.

 

Es ya inaceptable que pasados casi tres meses, el Instituto Navarro del Vascuence no tenga director(a)-gerente, lo que supone que el proyecto, con todas las funciones de política lingüística institucional que se le han asignado está paralizado. En el organigrama del Gobierno de Navarra no se conoce otro caso similar de dejación y negligencia. Ni podemos imaginar siquiera que pudiera pasar lo mismo con otro organismo autónomo del Gobierno, con la Agencia Tributaria, pongamos por caso.

 

El hecho de que ninguna persona referencial y preparada del mundo del euskera haya aceptado dirigir y gestionar el Instituto Navarro del Vascuence delata la poca credibilidad que entre la comunidad euskaldun de Navarra tiene este proyecto en el marco de la zonificación lingüística actual.

 

En realidad, lo que se le pide a la persona que dirija el Instituto Navarro del Vascuence es que gestione la desigualdad y la discriminación lingüística entre los navarros. Y lo que la comunidad euskaldun de Navarra espera es que un Instituto Navarro del Vascuence gestione los derechos lingüísticos de todos.

 

Los días pasan y cada vez es más evidente la falta de planificación del Gobierno de Navarra en materia de política lingüística y el proyecto vacío que es, a día de hoy, el anuncio de la creación del Instituto.

 

Pero no sólo es ese organismo autónomo creado al efecto de aplicar la política lingüística institucional el que está dejando en evidencia la nefasta política lingüística del Gobierno de Navarra. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo también ha venido la semana pasada a dar otro nuevo varapalo a los objetivos del Gobierno de UPN-CDN-(PSN) de regular restrictivamente los derechos lingüísticos de las navarras y navarros. Uno a uno han ido cayendo, anulados por los tribunales, los artilugios legales que desde el año 2000, con el Decreto Foral 372/2000, le han valido al Gobierno para incumplir y negar sistemáticamente derechos lingüísticos reconocidos en la propia Ley Foral del Vascuence.

 

Con esta última sentencia del Tribunal Supremo queda anulado el restrictivo Plan de Actuación para la aplicación de la formativa sobre el uso del vascuence en la Zona Vascófona que puso en vigor el Gobierno de Navarra. La sentencia insiste en que la valoración del conocimiento del euskera en los puestos de trabajo de la administración pública se sitúa dentro de “los principios constitucionales de merito y capacidad” en el acceso a la Función Pública y que, por lo tanto, no debe entenderse como un requisito extra y mucho menos discriminatorio de cara a las personas desconocedoras de la lengua, sino como un requisito necesario para el mejor desempeño de las funciones del puesto de trabajo, es decir, el servicio a la ciudadanía. Así está previsto en la misma Ley Foral del Vascuence y en la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa, ratificada por el Estado y de obligado cumplimiento.

 

Y algo tan razonable como que la Administración procure dotarse de funcionarios que sean capaces de dar servicio en las dos lenguas en las que la ciudadanía tiene derecho por Ley a ser atendida y, por tanto, la Administración obligación de garantizar; algo tan razonable como eso es precisamente contra lo que el Gobierno de Navarra ha legislado y lo que ha dejado en evidencia al Gobierno de Navarra no sólo como ahora, en los tribunales, sino también en el Consejo de Europa, en la Institución del Defensor del Pueblo y ante la propia sociedad navarra.

 

Hoy por hoy, la Administración Pública de Navarra es incapaz de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y mientras tanto el organismo desde el que se aplicará la política lingüística del Gobierno Foral sigue sin “cerrado por defraudación“.

 

Iruñea, 2007ko azaroaren 23a.